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La Ley de Dependencia es una ley
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La Ley de Dependencia es una ley
gracias
a la que las personas con discapacidad o muy mayores
pueden
obtener los servicios para tener una vida mejor
y ser incluidas en la sociedad.
El
problema es que ahora mismo
esta
ley funciona con un sistema que se llama copago.
Copago
significa que son las propias personas
quienes
pagan parte de los servicios que reciben.
En
algunas Comunidades Autónomas
las
personas tienen que pagar casi el total
de
estos servicios.
Además,
como estamos en crisis,
y
el país tiene menos dinero
las
personas cada vez han tenido que ir pagando más y más
para
recibir estos servicios.
Esto
ha llevado a millones de personas
que
tienen poco dinero
a
una situación muy difícil.
La
crisis ha provocado que, como no pueden pagar,
se
sientan excluidas y no puedan recibir ayudas fuera de su casa
que
son derechos importantes para ellos.
Las
normas del copago
dependen
de cada Comunidad Autónoma,
pero
es necesario cambiarlas por igual en todas
para
que las personas mayores o con discapacidad
no
tengan que pagar tanto.
El
CERMI es la organización que representa
a
todas las personas con discapacidad en España.
El
CERMI quiere pedir al Gobierno una solución a esta situación.
El
CERMI quiere que la Ley de Dependencia sea igual para todos,
y
que no dependa tanto de la Comunidad Autónoma donde se vive.
El
CERMI quiere que la cantidad que la persona paga
sea
más justa, para
que todo el mundo pueda acceder
a los mismos servicios sin importar la cantidad de dinero que tenga.
a los mismos servicios sin importar la cantidad de dinero que tenga.
Ha
costado mucho conseguir unos derechos que son iguales
para
todas las personas mayores o con discapacidad.
No
queremos perder estos derechos.
Además
de la sociedad en general,
muchos
expertos y profesionales están de acuerdo
en
que esta norma debe cambiar.
Es
un cambio positivo para todas las personas,
porque
todo el mundo puede necesitar estos servicios
en
algún momento de su vida.
Queremos
que toda la sociedad nos ayude
a
cambiar esta norma.
Es
muy fácil, ya que sólo hay que firmar en un documento
en
el que se pide el cambio.
Nos
gustaría que la sociedad demuestre lo solidaria que es
con
las personas que más lo necesitan.
Lo
que pedimos es lo mismo que dice la Constitución,
que
es la Ley más importante en España:
que
todas las personas son iguales
y
tienen los mismos derechos
sin
importar donde hayan nacido.
La Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, supuso un importante avance en nuestros derechos sociales.
Pero desde su nacimiento en el año 2007, hace ya 8 años, hemos estado sufriendo, en especial en la Comunidad Valenciana, una mala gestión por parte de la Generalitat con decisiones como las siguientes:
-Obligación de un Copago confiscatorio mediante TASA en centros y servicios que es anticonstitucional, y más después de la anulación del Decreto 113/2013 por parte del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia.
-Bajadas en el grado de dependencia.
-No reconocimiento del carácter retroactivo de las solicitudes de ayudas.
-Supresión de la cotización a la seguridad social de los cuidadores no profesionales.
-Propuestas PIA que nunca llegan a realizarse.
A ello hay que sumar también el copago farmacéutico y ortroprotésico, además de las bajadas de grado en el certificado de discapacidad que en muchas ocasiones suponen la pérdida de la pensión no contributiva.
Por
todo
esto,
el
CERMI
Estatal
pone
en
marcha
una
Iniciativa
Legislativa
Popular
(ILP)
para
cambiar
2 artículos de la
Ley
39/2006
(LAPAD).
Modificación del Art. 14
Queremos que para el cálculo de la renta y el patrimonio se tengan en cuenta las cargas familiares y el momento en que comienza la situación de dependencia en la vida de la persona.
Modificación del Art. 33
Queremos que el Copago sea solamente en función de la capacidad económica personal del beneficiario.
Para el cálculo de la capacidad económica se tendrá en cuenta la edad y el momento de la aparición de la situación de dependencia.
Los beneficiarios cuya capacidad económica no supere 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 1.331,28 € no tendrán que copagar los servicios.
El copago del usuario no superará el 60 % del coste total del servicio.
En conclusión: la Generalitat Valenciana está consiguiendo que muchas personas con discapacidad o en situación de dependencia se queden sin sus derechos sociales de atención y apoyo en contra de la propia Justicia.
Desde Enero hasta Julio del 2015 comienza una recogida de 500.000 firmas para que se pueda debatir en el Parlamento.
Las firmas se recogerán en pliegos que estarán disponibles en las entidades sociales relacionadas con la dependencia y discapacidad.
Enviando un correo a cermi.cvalenciana@cermi.es o llamándo al 963 16 80 54 se les informará del punto más cercano donde pueden firmar.
Ni un paso atrás en los derechos de las personas con discapacidad y dependencia
Para más información: www.cermicv.es
#NOALCOPAGOCONFISCATORIO
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